A partir de los decretos 515 y 516/2021 publicados en Boletín Oficial, quedaron reglamentadas ayer la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la conocida como Ley de los 1000 Días, ambas sancionadas en el Congreso a fines del pasado mes de diciembre.

La reglamentación es un paso necesario para el cumplimiento de derechos consagrados en la norma que hacen a su aplicación. 

En cuanto a la reglamentación, la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destacó el hecho de que "en ningún caso el personal de salud puede obstaculizar, presionar o interferir engañosamente en la decisión de las personas gestantes (art.5), al tiempo que en los casos en que sea pertinente, el personal de salud deberá entregar información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia de género (Ley 26.485) y sobre los recursos de atención y canales para realizar una denuncia penal y contar con asesoramiento (art.6)".

Otro aspecto que establece la norma es que el consentimiento informado debe resultar accesible, y ponerse a disposición su realización en formato braille, digital, audio, y cualquiera que resulte adecuado a la persona solicitante.

Isla hizo también hincapié en el derecho a la confidencialidad que "aclara que no puede entregarse información clínica salvo que exista orden judicial expresa. El derecho de autonomía de la libertad establece que en ningún caso el personal de salud puede obstaculizar, presionar o interferir engañosamente en la decisión de las personas gestantes".

La Ley N° 27.610 de IVE establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación inclusive sin costo alguno. También se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

1.000 Días

La Ley de los Mil Días, amplía derechos de seguridad social, identidad de las personas gestantes, y de niños y las niñas en sus primeros tres años, obligando a los tres subsistemas de salud a implementar un modelo de cuidado integral y contemplando situaciones específicas de mayor vulnerabilidad.

Entre sus diferentes ejes, extiende la Asignación por Embarazo para Protección Social, desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo o de la hija, siempre que no exceda de nueve mensualidades.

A su vez, busca asegurar la provisión de medicamentos para cada etapa, con la incorporación de un botiquín adecuado, leche de fórmula de inicio para recién nacidos, kits de cunas seguras y equipamiento para fortalecer los servicios de las maternidades y unidades neonatales.

Incluyen también prestaciones como la visita prenatal y la visita ampliada a los 18 meses para la evaluación del desarrollo del niño o niña.

"Las normas son resultado de un arduo trabajo de articulación que venimos desarrollando entre las distintas áreas de gobierno y que busca, entre otros objetivos, reducir la mortalidad y malnutrición infantil, como así también promueve el cuidado, la estimulación y el desarrollo físico y emocional de los chicos", destacó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.