Tras demanda de la Defensoría, la Justicia ordenó al Municipio garantizar la recolección

Locales 14 de noviembre de 2020 Por Redacción
La Jueza Subrogante en materia Civil y Comercial Andrea Di Prinzio Valsagna impuso recuperar y poner bajo su guarda y dirección todos los camiones recolectores que pudieran estar retenidos en el corralón municipal.
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En menos de 24 horas desde la presentación de la demanda, la Jueza Subrogante en materia Civil y Comercial Andrea Di Prinzio Valsagna, hizo lugar a la medida planteada por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente y ordenó a la municipalidad asegurar la recolección de residuos, paralizada hace ya 10 días .

En ese sentido, impuso recuperar y poner bajo su guarda y dirección todos los camiones recolectores que pudieran estar retenidos en el corralón municipal, en el marco del conflicto laboral que sostiene con los trabajadores de la Junta Interna de ATE.

Todo ello,  bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de la orden judicial por parte de los funcionarios responsables del cumplimiento de las medidas.

De ese modo, la jueza hizo lugar a la pretensión planteada por el defensor del Pueblo Fernando Bravo, bajo el patrocinio del abogado de la DPA, Gastón Eulogio, 

La orden judicial se hará efectiva a partir de la notificación a la Municipalidad de San Martín de los Andes, que se esperaba para las próximas horas atentos a los tiempos administrativos.

El fallo, que hace un medular razonamiento sobre el rol del juez/a frente a procesos urgentes como el planteado, por efecto del riesgo en ciernes de afectación a la salud y al ambiente, se conoció 24 horas después de la presentación de la DPA. La acción fue entablada el día jueves 12 por la tarde, en el marco del conflicto entre la Municipalidad y los trabajadores/as sindicalizados en ATE, a raíz de distintos planteos laborales y el reclamo de recomposición salarial.

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Cabe recordar que el defensor Fernando Bravo había declarado horas antes de aquella presentación judicial, que la DPA había esperado todo cuanto era posible a que las partes en disputa llegaran a un acuerdo, que permitiera al menos destrabar la situación y retomar la normal prestación del servicio de recolección de residuos.

Pero al dilatarse los tiempos sin horizonte cierto, la DPA entendió que era momento de acudir a los tribunales en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas a la salud y al ambiente sano, y en cumplimiento de una Ordenanza cuyo objeto es, precisamente, el mismo, pues declara la esencialidad de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los RSU.

En igual sentido, la magistrada reconoció los riesgos para la salud y el ambiente planteados por la DPA y los derechos conculcados. En ese sentido consideró “muy pertinente la pretensión del señor Defensor, quien representa los intereses de la totalidad de la población de la ciudad de San Martín de los Andes” y “concuerdo con el peticionante en el sentido que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para dictar la medida solicitada, ya que el derecho de los vecinos de San Martín de los Andes es indiscutible, el interés de la población se circunscribe a que se cumpla con la correcta y adecuada prestación del servicio y, en consecuencia, no es necesaria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo, máxime considerando que no entiendo necesario la producción de medidas de prueba alguna, puesto que como vecina de aquella localidad tengo la posibilidad de ver, conocer y constatar el estado actual y la realidad en la cual se encuentra inmersa la ciudad causado por la falta de recolección de residuos…”.

Es importante señalar que -si bien son dos las partes en conflicto- la DPA presentó su demanda contra la Municipalidad de San Martín de los Andes porque conforme la normativa vigente es la obligada a garantizar la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición de los RSU.

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